No hay una definición universal de “ciudad santuario”.

Por lo general, una ciudad santuario es la que ha hecho una declaración pública en la que limita su colaboración con las autoridades federales de inmigración.

Sin embargo, la resolución por la que se votará en el Consejo Municipal de Hillsboro define una ciudad santuario como sigue:

“Una ciudad comprometida a brindar seguridad para todos los individuos de la comunidad, sin importar su etnicidad ni estatus migratorio, y que asegura que todos los miembros de la comunidad estén protegidos y que puedan contar con la asistencia de servicios de seguridad pública cuando sea necesario sin que se les interrogue sobre leyes federales de inmigración y sin temor a represalias basadas exclusivamente en su estatus inmigratorio, conforme a la ley del Estado de Oregon.”

Sí. La ley del Estado no permite a las agencias del orden público de Oregon usar dinero, equipo o personal para detectar o aprehender a personas cuya única infracción a la ley es ser ciudadanos de otro país que están en los Estados Unidos en contravención a las leyes federales migratorias. Según la ley estatal, Hillsboro es una ciudad santuario aunque la Ciudad no se declare públicamente como tal.

Sí. Antes del voto, los agentes del departamento de policía de Hillsboro no preguntaban acerca de la situación migratoria de los miembros de la comunidad y tampoco lo harán a partir del voto. Los agentes están dedicados a la seguridad y protección de todos los residentes de Hillsboro, sin importar su estatus migratorio legal. Los agentes crean un espacio seguro para que quienes no tengan su estatus migratorio legal resuelto puedan reportar delitos sin temor.

No. La resolución a consideración del Consejo Municipal constituiría una declaración pública —el simple ejercicio de derecho de expresión de la Ciudad. Como la ley del estado ya se aplica en Hillsboro, la confirmación de compromiso de la Ciudad a cumplir con esa ley no cambiaría legalmente la manera en que la Ciudad opera actualmente.

No se sabe. Es posible que el gobierno federal aumente sus esfuerzos de aplicación de la ley en materia migratoria en las ciudades que se declaran públicamente como ciudades santuario. De la misma manera, es posible que tales acciones no se lleven a cabo. Haga lo que haga la ciudad de Hillsboro, el gobierno federal decidirá independientemente si concentra sus esfuerzos de aplicación de la ley en materia migratoria en Hillsboro y cómo hacerlo. Hillsboro no tiene ningún control ni capacidad para dictar esos esfuerzos.

No. La ley federal no exige que la Ciudad pregunte sobre el estatus migratorio de un individuo, que arreste individuos que estén en el país ilegalmente, ni que colabore de ninguna otra manera con los agentes migratorios federales.

No. Los gobiernos locales no tienen autoridad alguna para aplicar las leyes federales de inmigración a menos de que tengan acuerdos con el gobierno federal. Sin un acuerdo voluntario, los funcionarios del gobierno local no tienen autoridad alguna para aplicar la ley federal de inmigración.

Posiblemente. El Presidente firmó un decreto que busca limitar los fondos del gobierno federal para las jurisdicciones santuario: “[Las ciudades que] deliberadamente se rehúsan a cumplir con 8 USC § 1373 no cumplen con las condiciones para recibir subvenciones federales”. No hay nada en la declaración de Hillsboro ni en la ley estatal que diga que se rehúsa a cumplir con 8 USC § 1373, la cual sólo exige compartir información sobre el estatus migratorio de un individuo.

Sin embargo, el decreto también instruye al Procurador General de Justicia de los Estados Unidos a que tome medidas adecuadas de cumplimiento contra cualquier entidad que “tenga en efecto una ley, política o práctica que impida o dificulte la aplicación de la ley federal [de inmigración]”. No queda claro lo que significa ese lenguaje ni hasta qué punto la simple declaración de Hillsboro como ciudad santuario impediría o dificultaría la aplicación de la ley federal de inmigración.

Sí. El Poder Ejecutivo sólo puede implementar las leyes aprobadas por el Poder Legislativo, esto es, el Congreso. Como tal, el Poder Ejecutivo sólo puede limitar el financiamiento cuando el Congreso haya otorgado un gasto discrecional al Poder Ejecutivo.

Además, los tribunales han explicado que el gobierno federal no puede usar el poder de su cartera de manera coercitiva para que un gobierno estatal o local tome una acción que no esté relacionada con el interés federal en su programa de gastos.

Por ejemplo, los fondos para proyectos de transporte probablemente no se puedan vincular con un requerimiento relacionado con la aplicación de leyes migratorias, pero sí pueden vincularse a que un estado aumente la edad mínima para beber bebidas alcohólicas debido a los problemas que acarrea e manejar en estado de ebriedad.